Noticia27/11/2020

Extrema dificultad para obtener cita previa a las Oficinas de Extranjeros de Cataluña y en las dependencias de la Policía Nacional

"Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes se pueden resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar." (Francisco, Fratelli tutti)

Desde Cáritas Cataluña constatamos con mucha preocupación la extrema dificultad de muchas personas extranjeras para obtener una cita previa no sólo ante las diferentes Oficinas de Extranjeros en Cataluña, con el fin de iniciar los trámites de extranjería (como, por ejemplo, el del arraigo social), sino también ante las diferentes dependencias de la Policía Nacional para poder tramitar las correspondientes tarjetas acreditativas de residencia.

Desde nuestros diferentes proyectos somos testigos diarios de esta problemática y de sus dramáticos y nefastos efectos para la vida diaria de estos personas. De este modo constatamos que muchas personas migradas, después de mucho tiempo y esfuerzos, disponen de una oferta de trabajo para regularizar su situación administrativa en el país. Sin embargo, a pesar de haberlo intentados durante meses, no pueden conseguir cita previa para poder formalizar su situación ante la Administración del Estado y corren el riesgo de perder esta oferta laboral que les facilitaría salir de la irregularidad.

Otro ejemplo sería el de las personas extranjeras que a pesar de tener aprobado oficialmente el derecho a residir y trabajar en España, el hecho de no disponer de la respectiva tarjeta acreditativa en vigor, nuevamente porque no pueden conseguir cita previa ante la Policía Nacional, pierden también oportunidades de trabajo (los empresarios no quieren contratarlos si tienen la tarjeta de residencia caducada) y tampoco pueden realizar ninguna otra tramitación administrativa porque no disponen de tarjeta de residencia vigente.

Esta situación no es del todo nueva, ya que viene arrastrándose desde hace meses, pero con la crisis sanitaria actual, se ha agravado aún más. Si bien es cierto que en lo que respecta las Oficinas de Extranjeros, algunos de los trámites de extranjería se pueden presentar directamente de manera telemática a través de determinados profesionales (abogados, gestores y graduados sociales), también es cierto que muchas personas en situación de vulnerabilidad y / o riesgo de exclusión social, no se pueden permitir pagar un profesional privado para gestionar los trámites. Entendemos que una administración pública debe atender y responder a toda la ciudadanía por igual; ninguna persona debería quedar excluida y mucho menos por temas económicos.

Es por ello que, desde Cáritas Cataluña, pedimos a la Administración del Estado que solucione esta situación poniendo más recursos humanos en las oficinas antes mencionadas, y que revise el sistema telemático de cita previa existente actualmente.

En un tiempo de crisis como el actual, bastante difícil para todos, las administraciones públicas no pueden complicar aún más las cosas a uno de los colectivos más afectados: las personas migradas que viven en Cataluña.

La exclusión social golpea más duramente a las personas migrantes
  • La exclusión social en las personas migrantes es tres veces superior a las de origen español. La exclusión afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas migradas. La tasa de paro se duplica, y la tasa de riesgo de pobreza se multiplica por cuatro.
  • Algunos de los mayores agravios que sufren las personas migradas, son la exclusión residencial (70% personas migradas con nacionalidad extracomunitaria vs. 29% de personas de nacionalidad española / comunitaria), en el ámbito de la salud (27% vs. 17%) o en la participación cívico-política (66% vs. 9%).
  • Muchas de ellas se ven obligadas a vivir en infraviviendas, amontonadas o en habitaciones de realquiler.
  • La irregularidad administrativa t’estronca su proyecto vital.
  • Otra situación crítica para muchas personas migrantes es la dificultad para acceder al derecho de asilo en España. A 31 de octubre de 2020, sólo un 4.57% de los solicitantes han restado reconocidas con el estatus de refugiado y con derecho a la protección subsidiaria.

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